2018

Repudiamos las declaraciones de los obispos de Córdoba en relación al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo

El 27 de Julio de 2018 repudiamos las declaraciones de los obispos de Córdoba en relación al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.-

El Instituto Laico de Estudios Contemporáneos repudia enfáticamente la declaración de un grupo de obispos de la iglesia católica que afirmaron que, de sancionarse el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo, la Argentina se convertiría en una dictadura.
Una dictadura consiste en la suspensión del estado de derecho durante la cual el gobierno toma decisiones sin estar sujeto a la ley. No es tal la situación de la República Argentina.

El régimen institucional de nuestro país presenta, sin dudas, muchos defectos, algunos muy graves. Pero, en lo que respecta al proyecto de ley en cuestión, queda fuera de toda duda que el Congreso de la Nación ha cumplido a consciencia con los mandatos de la legalidad y con los principios que impone la Constitución Nacional.

En efecto, no sólo se está respetando al pie de la letra el procedimiento constitucional de formación y sanción de leyes, sino que, además, mediante las audiencias publicas convocadas por ambas Cámaras, se promueve un amplio debate democrático que robustece el funcionamiento de nuestras instituciones.

Adicionalmente, de sancionarse el proyecto, nuestro país cumplirá finalmente con obligaciones pendientes en materia de derechos humanos, tal como lo exigen desde hace tiempo varios organismos internacionales encargados de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Cabe recordar que dichos tratados tienen, en nuestro país, jerarquía constitucional "en las condiciones de su vigencia" lo cual, de acuerdo con una constante jurisprudencia de nuestra Corte Suprema, significa que las autoridades nacionales deben tener en cuenta las directivas de aquellos organismos internacionales de aplicación.

El único motivo por el que este grupo de obispos afirma que la eventual sanción del proyecto de ley equipararía a la República Argentina a una dictadura se funda en que confunden la doctrina de su culto con el derecho vigente y, por ello, piensan que existe un deber de las instituciones públicas, y por extensión, de todas las personas que aquí habitan, de ajustarse a tal doctrina.

Pero dicha pretensión es completamente inadmisible. Los argentinos, desde la seminal semana de Mayo de 1810, nos hemos comprometido con el principio de soberanía popular, y por ello, como pueblo soberano, nos damos nuestras propias leyes, sin interferencias externas, trátese de estados extranjeros, de cultos que alegan ser universales o de una combinación de ambas cosas.

En síntesis, lo que este grupo de obispos califica como "dictadura" no es otra cosa que el normal funcionamiento institucional de una democracia republicana y laica, deseosa por ajustar su legislación a los estándares internacionales vigentes en materia de derechos humanos.

Es curioso, en fin, que los obispos utilicen ese término en el contexto actual, pero que, durante el período comprendido entre marzo de 1976 y diciembre de 1983, los integrantes del episcopado católico no se valieran de él para referirse a un régimen que indudablemente era una dictadura, responsable de violaciones masivas de derechos humanos básicos.

Parecería que, con relación al uso del concepto de dictadura, el punto de vista de, al menos parte del, episcopado católico está tan a contramo de los sentimientos y creencias de nuestra sociedad como lo está con respecto a la propia cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo.

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