2018

Actitud de la vicepresidenta de la Nación frente al proyecto de Ley de interrupción voluntaria del embarazo

El 25 de Junio de 2018 publicamos una nota ante la actitud de la vicepresidenta de la Nación frente al proyecto de Ley de interrupción voluntaria del embarazo.-

LAS DECISIONES PÚBLICAS NO PUEDEN SER PRIVADAS
• Por Dr. Pedro A. Caminos (Secretario Académico de ILEC- Argentina)

La semana pasada, la Vicepresidenta de la Nación decidió girar el proyecto de legalización de la interrupción del embarazo a cuatro comisiones del Senado, incluida la de presupuesto.
 
Dicha decisión, especialmente sorpresiva en lo que respecta al giro a la comisión de presupuesto, dada la total falta de incumbencia de la misma en lo que respecta a la temática del proyecto, configura, en sí misma, un claro intento de estirar al máximo los tiempos legislativos, sin otro fin que obstaculizar la ley.

Si bien la Vicepresidenta, en su carácter de presidenta del Senado, cuenta, en principio, con facultades para resolver a qué comisiones se girarán los proyectos de ley que ingresan a la cámara alta, lo cierto es que tales decisiones no están sujetas a su arbitrio o capricho, pues, como toda decisión pública, deben estar justificadas en razones, también públicas.

Según medios periodísticos ("Clarín", 24/06/2018), la Vicepresidente de la Nación, junto con el Presidente provisional del Senado y otros senadores participaron en una reunión en la sede del Episcopado católico de Buenos Aires. Según dicha fuente, estuvo presente también el Arzobispo de Buenos Aires, junto con otros ministros de la misma denominación, y allí se habría decidido a cuáles comisiones sería girado el proyecto.

El Instituto Laico de Estudios Contemporáneos expresa su profunda preocupación por la total vulneración de los principios republicanos que esta coyuntura plantea. En efecto, por un lado, una decisión de indudable trascendencia pública fue adoptada de espaldas a la ciudadanía y a la sociedad, a puertas cerradas y, para colmo, en el ámbito de una denominación religiosa. Esto constituye una ilegítima interferencia de esa iglesia en particular en el funcionamiento de uno de los poderes del estado. Por otro lado, es inaceptable que quienes tienen la responsabilidad institucional de conducir al Senado de la Nación sean incapaces de separar sus convicciones íntimas del ejercicio y cumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos. Es que, como debe ocurrir en una república que se precie de tal, que debe tratar a todos sus ciudadanos con igual consideración y respeto, las razones que justifican las decisiones públicas de los funcionarios deben estar fundadas en razones públicas, y no en sus perspectivas privadas. El giro de un proyecto de ley a comisiones debe fundarse en las incumbencias de cada comisión, y no en la voluntad de alguna autoridad religiosa.

Para concluir, destacamos que un aspecto positivo de las repúblicas es que dejan espacio para la rectificación de los errores. Esperamos que la Vicepresidenta de la Nación pueda ver las cosas con la luz de la razón pública y deje de lado sus convicciones privadas, con el fin de permitir el adecuado funcionamiento de las instituciones republicanas establecidas por la Constitución Nacional que juró cumplir, a riesgo de que la Patria -y tal vez dios- se lo demanden si no lo hiciere.

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