El 12 de Abril de 2018 publicamos una nota sobre la cuestión de la educación religiosa en la Provincia de Tucuman.-
Alerta: Educación religiosa en las escuelas públicas de Tucumán.
Por Dra. Silvana Díaz. Presidenta ILEC Tucumán.
A raíz del fallo “Castillo” de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, que declaró la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley Provincial de Educación de la provincia de Salta en materia de dictado de religión dentro de los planes de estudios, un conjunto de padres tucumanos se alzaron reclamando el mismo derecho para sus hijos, quienes cursan sus estudios en las escuelas públicas de la Provincia: la normativa vigente contempla la “enseñanza” de los contenidos de la religión Católica dentro del horario escolar.
Ante esta situación, el ILEC se ve en la necesidad de denunciar que la laicidad de la escuela pública tucumana, tanto en el ciclo primario, como en el secundario, se halla vulnerado en virtud de la legislación de dicha Provincia: las prácticas del culto y el dictado de la “materia”: incluyen conmemoración de celebraciones religiosas como el “lavado de pies” o el desarrollo de un “programa” con “puntos y contenidos” que emulan el desarrollo de las materias de contenido científico.
Por su parte, la opinión del Ministerio de Educación de Tucumán es contraria a nuestro reclamo. Si bien dentro del diseño curricular está la materia religión, el ministerio argumenta que la religión católica no se impone en las escuelas, argumentando que en la escuela primaria los chicos de otras religiones diferentes a la católica trabajan con el material que traen de la casa o con valores impuestos en la escuela. Asimismo, cuando hubiese chicos de varios credos, se realizarán oraciones ecuménicas, cuestión que nunca sucede. Además el Ministerio, argumenta que durante el horario de religión, el alumno que profesa otro credo podrá tomar clases de otra asignatura en el establecimiento al que asiste o también se podrá articular con otra unidad educativa de gestión pública o privada, donde recibirá educación religiosa del credo que profesa. Sin dudas, este accionar configura una situación de discriminación no compatible con el principio de igualdad de trato y no discriminación.
Por otra parte, cabe preguntarse aquí: ¿Qué sucede con aquellos alumnos que no profesan ningún credo? ¿Existe planificación para ellos al respecto? Sin duda, al no tener en vista la finalidad de educar en la pluralidad, es que no existen respuestas por parte del Ministerio de Educación.
Además, otro peligroso avance de la Iglesia católica en la enseñanza de gestión pública y privada se manifestó recientemente cuando la provincia de Tucumán se adhirió al Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Inmediatamente la Junta Arquidiocesana de Educación Católica de Tucumán comunicó al Gobierno Provincial, su “preocupación por la aplicación de la Ley 26.485 respecto a la educación, desde jardín de infantes hasta la Universidad, inspirada en la perspectiva de género”.
Asimismo, la Provincia de Tucumán es la única que no ha adherido a la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, por iguales argumentos: cuestiones que no contemplan la tolerancia ni el desarrollo de los menores en una sociedad democrática, sino que operan como un adoctrinamiento temprano en cuestiones religiosas.
Por todo esto, la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas de Tucumán, vulnera no solo los derechos constitucionales de libertad de culto, religión y creencias, sino también el derecho a la igualdad, a la educación libre de discriminación, a la intimidad y principio de autonomía y respeto a las minorías étnicas y religiosas.
Como Institución destinada a defender los principios de laicidad, entendiéndolos como necesarios para el desarrollo armónico de la sociedad argentina, creemos en la necesidad seguir denunciando cada avasallamiento a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, sosteniendo una escuela pública libre de cualquier tipo de adoctrinamiento e imposición de cuestiones religiosas, como también en la necesidad de que los menores reciban una educación que permita la libertad de conciencia y expresión, autonomía y desarrollo.
El debate y la discusión en las aulas, siempre bajo la idea de respeto, tolerancia y laicidad, fomentan el desarrollo de ciudadanos formados y responsables, con capacidad de formar parte de la vida social, política y cultural necesarias para el fortalecimiento de la democracia.
Por último, sostenemos que la elección de una –o ninguna-religión debe quedar en el ámbito privado del individuo, sin que el Estado, en ninguna de sus esferas, y bajo pretexto de una aplicación de una norma, vulnere un amplio espectro de derechos.