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ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

EL 17 DE MARZO DE 2019 REPUDIAMOS LA PRESENTACIÓN DE LA CORPORACIÓN DE ABOGADOS CATÓLICOS POR UNA INTERVENCIÓN ARTÍSTICA QUE MOSTRABA UNA VIRGEN CON UN PAÑUELO VERDE DE LA CAMPAÑA POR EL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO.

Algunos medios de comunicación informaron que la Corporación de Abogados Católicos solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que se promovieran actuaciones administrativas con el fin de que se clausure la exposición “Para todes, tode”, en particular, la obra conocida como “Virgen Abortera”, y que se impongan sanciones a quienes fueran responsables de la misma.

La mencionada exposición, presentada en el Centro Cultural “Haroldo Conti”, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, incluye entre sus obras a una estatua de la Virgen María, cuyo rostro está parcialmente tapado por el pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Dicha “Virgen Abortera” fue considerada como “ofensiva” para el sentimiento de feligreses de la confesión católica apostólica romana por parte de la Corporación de Abogados Católicos, organización que efectuó la aludida presentación ante el Ministerio en cuya órbita está la Secretaría de Derechos Humanos.
 
El Instituto Laico de Estudios Contemporáneos repudia dicha presentación y exige que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos proceda a su inmediato archivo por cuanto, con ella, se busca atacar los principios constitutivos de nuestra república, se viola la libertad de expresión y se socava la separación entre iglesia y estado. En efecto, la Virgen Abortera es una obra a través de la cual se transmite una mensaje político que abiertamente polemiza con la posición defendida por la iglesia católica en el marco del debate por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. En una república, el intercambio de ideas y opiniones sobre cuestiones de interés público, incluso vigoroso y expresado a través de conceptos o palabras potencialmente ofensivos, no puede ser restringido por las autoridades públicas, pues, en tal caso, se admitiría la posibilidad de que los gobiernos destruyan las propias bases del funcionamiento de las instituciones republicanas.

La pretensión de la Corporación de Abogados Católicos configura, además, un inconstitucional intento de impedir el ejercicio de la libertad de expresión por parte de quienes tienen un discurso opuesto al de la iglesia católica, invocando una supuesta ofensa a su sistema de creencias como excusa para expulsar del debate público a quienes piensan diferente y no comparten sus creencias. Finalmente, la presentación de ese grupo de profesionales del derecho desnuda, una vez más, una concepción errada sobre el rol del estado frente a la religión católica, según el cual, el estado debería difundir la doctrina de dicha denominación y perseguir a quienes no pertenezcan a dicho credo o expresen opiniones contrarias a las adoptadas institucionalmente por él.

Por todo ello, en aras de reafirmar la tan necesaria separación entre iglesia y estado, exigimos que las autoridades públicas otorguen plena vigencia a los principios republicanos y democráticos contenidos en la Constitución Nacional, con particular énfasis en la especial protección que la libertad de expresión otorga a discursos de contenido político.

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