Por Pedro A. Caminos*
La discusión sobre el aborto puede encararse desde muchas perspectivas diferentes. En este trabajo, procuraremos distinguir tales perspectivas y proponer una división de tareas entre ellas, con el fin de indicar algunas de las dimensiones relevantes del debate.

Finalmente, esbozaremos algunos puntos de vista mínimos que una persona que adhiere al laicismo debería defender. Es decir que intentaremos sugerir algunas ideas que permitan la construcción de acuerdos incompletamente teorizados entre distintas concepciones sobre el problema del aborto.[1]
Siguiendo una sugerencia de Amy Gutman, este trabajo apela, en primer lugar, a la regla de la mayoría como procedimiento de resolución de conflictos morales, pues el contexto de su elaboración no es otro que el de un inminente debate político en el Congreso de la Nación. En segundo lugar, se ofrecerán argumentos fundados en la maximización del bienestar social. En tal sentido, diremos que la modificación del actual statu quo legislativo en la materia, que comprenda, cuanto menos, la despenalización del aborto junto con una vigorosa política de educación sexual y anticoncepción, producirá consecuencias positivas, satisfaciendo así un análisis de costo-beneficio. Finalmente, propondremos un argumento con fundamento en los derechos de las mujeres, en particular, en defensa de su autonomía.[2]

Múltiples Perspectivas

Un debate racional y sensato sobre el aborto no puede desarrollarse sin antes explicitar todas las asunciones implícitas que lo rodean. Discutir sobre el aborto es discutir sobre la vida y la muerte, sobre el cuerpo y la naturaleza humana, sobre derechos y políticas públicas, sobre creencias y convicciones. Estas profundas cuestiones pueden ser encaradas desde múltiples perspectivas disciplinarias. La modernidad trajo consigo una creciente especialización y fragmentación del conocimiento que, aunque tiene sus ventajas, muchas veces aumenta la complejidad y los costos para alcanzar una comprensión completa de problemas prácticos que requieren de una visión totalizadora y no caleidoscópica. Una primera contribución al debate, entonces, es la de identificar algunos de los campos del conocimiento que tengan algo para decir, y tratar de sugerir en qué aspectos ellos pueden resultarnos valiosos.

Derecho

Comenzaremos por el final. Desde el punto de vista del derecho, lo relevante es delimitar con la mayor claridad posible cuáles son los sujetos de derecho involucrados en la problemática del aborto, cuáles son sus respectivos derechos y deberes y cuáles son los bienes jurídicos en juego. Estas elecciones se resuelven a través de decisiones adoptadas por seres humanos que, operando a través de instituciones y procedimientos altamente formalizados, regulados ellos también jurídicamente, estipulan las soluciones respectivas. Aunque hay matices, lo relevante es que, desde el punto de vista jurídico, toda acción puede ser clasificada como jurídica o antijurídica. Los matices tienen que ver con el hecho de que antijurídico no equivale a delito penal: hay conductas prohibidas por el derecho que no son delito, como, por ejemplo, incumplir un contrato o cruzar un semáforo en rojo. Al mismo tiempo, hay conductas jurídicas que son meramente toleradas, mientras que otras están explícitamente permitidas, y finalmente algunas que son incentivadas.

El aporte del derecho, entonces, es el de identificar cuál es la regulación actual de cierto problema y, a partir de allí, describir cuáles son las posibilidades normativas que tenemos frente a nosotros. Como acabamos de ver, existe un amplio margen de acción entre la prohibición penal del aborto y la adopción de políticas que incentiven su realización. Conviene que tengamos presente estas posibilidades para evitar que el debate se transforme en un “blanco vs negro”, que no conducirá a ningún lugar, favoreciendo indebidamente así a los defensores del statu quo. La existencia de varias posibilidades, por otra parte, permitirá la adopción de diferentes estrategias. De ese modo, aun cuando por hipótesis fuera deseable una transformación total de la situación, quizás los partidarios de esa opción sean, en la actualidad, relativamente pocos. Pero, acaso, tal vez sea posible construir un consenso por una opción intermedia que pueda servir como un escalón que nos acerque, en el futuro, a la solución óptima.

Educación Sexual y Anticoncepción

La dramática situación en la que una mujer está embarazada y, por alguna razón, no desea ser madre, puede ser evitada a través de la educación sexual y de poner a disposición de hombre y de mujeres mecanismos anticonceptivos eficaces. De ese modo, aun si se considerase que el aborto debe seguir siendo considerado un delito, la educación sexual y la anticoncepción eficaz deberán computarse como políticas públicas para la prevención de ese delito. Un aspecto importante sobre esta cuestión tiene que ver con analizar las consecuencias de las decisiones. Si, por ejemplo, contáramos con estadísticas, de otros países o, inclusive, estadísticas comparativas entre las diferentes jurisdicciones de la Argentina, que muestren una correlación entre la adopción de planes universales y eficaces de educación sexual y anticoncepción y reducción de la cantidad de abortos, entonces incluso un detractor del aborto deberá apoyar tales políticas.[3]

Este punto no es menor, desde una perspectiva laica, pues la oposición tanto al aborto como a políticas públicas relacionadas con la educación sexual y la anticoncepción sólo puede fundarse en asumir que, de alguna forma, la castidad es una virtud o, como parece ser la posición pública de cierta denominación religiosa de los últimos años, que la maternidad, entendida únicamente como acto biológico, “traer un niño al mundo”, es intrínsecamente virtuosa. Diremos algo más sobre estas cuestiones más abajo. Por ahora, es suficiente con decir que, si la castidad o la maternidad son virtudes, y tal vez lo sean, el laicismo de todos modos nos lleva a rechazar que ellas deban ser impuestas a las personas a través de mecanismos de coerción estatal. Las personas en su fuero íntimo deben decidir libremente si desean adoptar modelos de virtud relacionados con la castidad o la maternidad.

Ciencias Biológicas

Las ciencias biológicas o médicas, a su vez, proporcionan información que tiene implicancias para pensar el problema del aborto. En primer lugar, nos permite conocer los mecanismos por los cuales el acto sexual conduce a un embarazo. De ese modo, es posible elaborar planes de educación sexual y diseñar mecanismos anticonceptivos eficaces. Al mismo tiempo, podemos conocer en qué momento tiene lugar, y en qué consiste, la fecundación del óvulo por el espermatozoide, y distinguir las distintas etapas de la gestión y del desarrollo del embrión hasta el parto. Por otra parte, las diferencias biológicas que puedan existir entre un óvulo recién fecundado y un feto en el instante anterior al parto, con todas las posibilidades intermedias, abren la puerta para pensar en diferentes regulaciones, de acuerdo con la etapa del proceso de que se trate. En línea con lo anterior, a veces se argumenta que no cabe distinguir entre las etapas del embarazo pues ya desde la fecundación, el cigoto es viable. Pues bien, aquí caben dos respuestas. La primera es que la viabilidad es, en efecto, una cuestión a determinar científicamente.[4] Si, por ejemplo, una elevadísima tasa de cigotos recién fecundados fuera abortada espontáneamente, entonces la supuesta viabilidad comenzaría recién transcurrida una etapa en la cual la probabilidad de que ocurran tales interrupciones involuntarias de la gestación se reduzca sensiblemente. En segundo lugar, que una entidad tenga la potencialidad de convertirse en otra cosa, no la convierte en esta segunda cosa. Un gusano tiene el potencial para convertirse en una mariposa, pero no lo es. Una semilla puede convertirse en un árbol, pero no es un árbol. Un óvulo recién fecundado puede convertirse en un niño, pero no es un niño. Por supuesto, aun cuando no sea un niño, jurídicamente podríamos decidir tratarlo como uno. Pero, entonces, queda claro que estamos haciendo una extensión del concepto jurídico de niño, del mismo modo en que consideramos personas jurídicas, análogas en derecho a un ser humano, a las sociedades anónimas, o de la misma forma en que, recientemente, se considera a (al menos algunos) animales como personas no humanas.

Se trata, como es obvio, de una decisión que tomamos los seres humanos, y no de una consecuencia de la naturaleza, es decir, de cómo las cosas son. Lo cual es lógico porque el ámbito del derecho es normativo, se trata de cómo deben ser las cosas. Y, como sabemos desde Hume, del hecho de que las cosas sean de un modo no se sigue que deban ser de ese modo, o de otro.[5] De todos modos, la medicina sí nos indica qué variaciones tienen lugar durante la gestación. La decisión de si tales diferencias adquirirán o no relevancia jurídica transcurre por otro carril.[6]

Salud Pública

Para tomar una decisión adecuada, es imprescindible contar con información sobre el problema. En primer lugar, el aborto es una cuestión de política pública, vinculado con los derechos reproductivos de las personas en general, pero especialmente de las mujeres. Por ello, es necesaria más información y estadísticas, aunque sea aproximadas, sobre la cantidad de abortos clandestinos que se practican, así como de la cantidad de mujeres que muere o que sufre daños a su salud como consecuencia de aquéllos.[7] Se trata, entonces, de la dimensión del aborto relacionada con la salud pública. En ese sentido, es importante contar con estadísticas de países en los que el aborto está legalizado para saber si la cantidad de intervenciones aumentó o disminuyó, así como también si se redujo la cantidad de muertes.

Finalmente, es relevante conocer los costos que tendrá para el sistema de salud el que tales intervenciones se realicen en hospitales públicos y, eventualmente, que sean incluidas en el Programa Médico Obligatorio para obras sociales y empresas de medicina prepaga. Si las estadísticas demuestran que, en los países en los que se legalizó el aborto, no hubo una “explosión” en el número de intervenciones, y si además se reduce la cantidad de muertes, entonces pierde fuerza el argumento de la protección de la vida en contra del aborto pues, en forma global, se salvarían más vidas.[8]

Desigualdad Social

Otro punto sobre el que es importante tener más información es el que se refiere a la dimensión social del aborto, es decir, al vínculo entre esta problemática y la pobreza. De ese modo, es importante analizar si el acceso a la educación sexual y a mecanismos anticonceptivos es el mismo para las personas, y principalmente para las mujeres, de diferentes clases sociales, así como también efectuar una comparación entre los abortos clandestinos que se practican según la estratificación social. En la medida en que exista una correlación entre clase social y acceso a la educación, lo que incluye no sólo la educación sexual, sino también información sobre mecanismos anticonceptivos, entonces será importante pensar en políticas públicas específicas y efectivas que mejoren el acceso de grupos sociales desaventajados a la educación sexual y a la anticoncepción.[9] Por otra parte, también es importante pensar la cuestión de un modo más general: las personas pobres son las que más demandan hospitales y escuelas públicos, así como uso del transporte público, y otros bienes provistos o concesionados por el estado. De modo tal que hay un vínculo estrecho entre la cantidad de hijos y el costo y la calidad de proveer tales bienes. Es difícil saber si la correlación positiva que existe entre pobreza y cantidad de hijos se explica por factores idiosincráticos, es decir, si realmente las mujeres pobres desean tener muchos hijos, quizás empujadas por el ideal de la maternidad, entendida únicamente como el acto de “traer hijos al mundo”, o si responde al hecho de que cuenten con menos información sobre sexualidad y anticoncepción, o a una combinación de esos, y otros, factores.

En cualquier caso, como diremos más adelante, la perspectiva laica debe conducir a la adopción de una política pública en la cual, si la correlación positiva entre pobreza y cantidad de hijos es el fruto de una decisión, la misma debe ser el resultado de una elección libre e informada, y no únicamente la consecuencia de la internalización acrítica de una idiosincrasia “maternalista”. En esa línea, quizás los planes estatales de asistencia social deban ser concebidos de una manera distinta, evitando que sea utilizado como sostén material del “maternalismo”. Como dijimos, el estado no debe favorecer modelos de virtud. Por otra parte, una decisión estatal debe tener en cuenta la capacidad para proveer bienes públicos, como la educación, la salud, el transporte y otros. Si aquella decisión pone en riesgo la provisión de estos últimos, entonces ella debe ser adecuadamente justificada.[10]

Ética y Moral

Finalmente, desde la perspectiva ética y moral, es importante identificar los principios en juego, determinar si entran en conflicto y cómo resolverlos. El debate sobre aborto suele ser presentado como un conflicto entre la autonomía y la vida. Es interesante detenernos un momento para entender cómo se da este supuesto conflicto. La autonomía presupone la capacidad de los seres humanos para tomar decisiones referidas a su vida, incluyendo su propia identidad, la manera en que usarán su cuerpo, qué tipos de relaciones entablarán con otras personas, así como también la planificación de que serán en el futuro. Si la autonomía es un principio ético es porque se considera que tales decisiones son valiosas. Moralmente, la protección de la autonomía consiste en que, a través de sus decisiones, un individuo no debe frustrar el ejercicio de la autonomía de otro.[11]

La vida, a su vez, es un hecho de la naturaleza. De todas las entidades que pueblan el universo algunas se consideran seres vivos. Ciertamente, para poder ejercer la autonomía, un ser humano necesita estar vivo. La vida, así, es una condición necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo del valor de la autonomía. Pero, ¿tiene la vida humana un valor en sí misma, si la desconectamos de la autonomía? Aquí, hay dos grandes respuestas. Por un lado, están quienes parecen pensar que estar vivo es un valor en sí mismo. Por otro lado, están los que argumentan que la vida humana sólo tiene valor en la medida en que ella sea vivida de manera valiosa. Si tomar decisiones sobre uno mismo y su vida es valioso, entonces la protección de la vida humana adquiere valor como medio para permitir que una persona tome tales decisiones, es decir, que sea autónoma. La diferencia entre ambas perspectivas se aprecia en los casos extremos: aborto y eutanasia. Los primeros sostienen que nunca hay que interrumpir la vida humana. Los segundos afirman que no debe descartarse tal posibilidad.

Por ahora, no nos interesa resolver el conflicto, pero sí advertir cuáles son los ejes sobre los que gira y cuál es su relación con puntos anteriores de la discusión. En efecto, si la autonomía tuviera prioridad ética sobre la vida, entonces el hecho de que los embriones no tengan la capacidad de tomar decisiones sobre sí mismos cuenta como una razón para privilegiar la autonomía de la mujer.[12] Por otra parte, si la vida humana tiene un valor en sí misma, es imperioso establecer a partir de qué momento podemos considerar que el embrión merece ser calificado como un ser humano. Aquí la biología puede darnos algunas pistas. Sin embargo, aún en la hipótesis de que consideremos que el óvulo recién fecundado mereciera ser considerado como un ser humano, queda la cuestión del problema de salud pública: si por abortos clandestinos no sólo mueren los embriones, sino también mujeres, y si se demuestra que la legalización del aborto no implica un aumento en la cantidad de intervenciones, pero disminuye la cantidad de muertes, entonces precisamente la importancia de respetar la vida de las personas debería llevarnos a legalizar el aborto.

Laicismo y Autonomía

El laicismo procura defender la neutralidad valorativa como un valor. Tal defensa es sumamente problemática por varias razones, empezando por el hecho de que es muy difícil defender neutralmente a la neutralidad. Ello se debe a que la adopción de un punto de vista neutral en materia ética importa una elección, en la cual ciertas opciones son rechazadas de plano (p. ej., las concepciones extremas o fanáticas).[13] Por cierto, esa decisión no se funda tanto en el contenido de la doctrina en cuestión, sino en su carácter, pues rechaza el fanatismo, no importa sobre qué recaiga: religión, política, fútbol, etc. Ciertamente, el laicismo también aspira a ser apoyado por todos los seres humanos que, sin importar sus creencias, deseen formar sociedades pluralistas y tolerantes. Sobre este punto, el problema es que, cuanto más ecuménico pretenda ser el laicismo, entonces menos espesor o densidad tendrán sus puntos de vista. Pero, al contrario, cuanto más exigentes sean sus pretensiones, menos apoyo podrá recabar. Por esa razón, en este trabajo adoptamos una perspectiva minimalista, es decir, defender posiciones que todo partidario del laicismo debería compartir, dejando abierta la puerta para que, en el futuro, se ensayen otras propuestas que nutran el proyecto de una sociedad laica.

En tal sentido, en los párrafos anteriores, dijimos muy poco sobre la autonomía de las mujeres. Ello se debe a que, en nuestro intento de buscar argumentos minimalistas, quisimos conceder algunos puntos que suelen esgrimir quienes están en contra del aborto. Pero, a nuestro juicio, un buen argumento laico debe fundarse en la autonomía. En definitiva, el laicismo no hace otra cosa que destacar una de las dimensiones de la autonomía: la de señalar el valor de que los seres humanos decidan por sí mismos en qué creer, y evitar que el poder del estado sea utilizado para imponer creencias. No se puede adherir al laicismo sin defender el valor de la autonomía.

La cuestión del aborto está estrechamente conectada con la sexualidad. Dado que muchas religiones tienen visiones sobre cómo debería regularse la vida sexual de sus fieles, es inevitable que aparezcan en el debate argumentos que apelan a una dimensión religiosa o a la virtud: castidad, “maternidad” (como mero acto reproductivo) o la “santidad” de la vida. Desde el laicismo, lo primero que debemos hacer es insistir en que tales argumentos sean presentados como seculares.[14] La virtud de la castidad o la “maternidad” o la “santidad” de la vida humana deben ser presentadas como principios éticos y morales que puedan ser aceptados inclusive por quienes no pertenezcan a la religión en cuestión. Algo de eso intentamos hacer en los párrafos precedentes. Luego, debemos insistir en preguntar por qué el estado debería comprometerse con la promoción o defensa de tales valores o virtudes. Nótese: todavía no negamos que se trate de valores. Pero si lo fueran: ¿por qué debería el estado encargarse de ellos, en lugar de que cada individuo decida por sí mismo? El rol del laicismo es evitar este tipo de imposiciones pero, a su vez, promover que quienes se sientan identificados con aquellas virtudes puedan ejercerlas libremente. En lugar de obligar, o incentivar, desde el estado a que una persona sea casta o tenga (muchos) hijos, debemos dejar abierta la puerta para que cada quien decida libremente si desea la castidad o no, y si desea la maternidad o no. Quizás, podemos agregar, la verdadera virtud está en elegir la acción virtuosa libremente, y no en seguirla por miedo o por mero hábito, o porque no hay otra alternativa. En síntesis, la regulación de la vida sexual que impone ideales de virtud es contraria al laicismo. La regulación que promueve la autonomía es la vía del laicismo.

Y aquí hemos llegado al punto que queríamos señalar. La discusión sobre el aborto es importantísima, pero ella no configura el núcleo conceptual del debate que debemos encarar, a saber, la autonomía de las mujeres. Desde la perspectiva del laicismo, lo malo no es la regulación de la vida sexual, sino aquella regulación que coarta la autonomía. Y, para poder tomar decisiones sobre uno mismo, se requiere no sólo estar vivo, sino también contar con información y opciones reales. La verdadera pelea, entonces, es la de la educación sexual, la anticoncepción y la disminución de la pobreza. Sólo así se generarán las condiciones para un genuino ejercicio de la autonomía por parte de las mujeres.[15] Si obtenemos políticas públicas consistentes con estos principios, junto con la despenalización del aborto, habremos dado un paso importantísimo y fundamental. Obtener sólo la despenalización, será una victoria valiosa, y de un gran simbolismo, pero no tendrá el mismo efecto. Es que, como las feministas vienen afirmando desde hace varios años, el punto central es el de permitir que las mujeres sean partícipes de pleno derecho en el acto sexual.[16] Allí yace el genuino “empoderamiento”.

* Secretario Académico del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos. El autor desea agradecerle al Lic. Carlos David Bruque su paciencia y claridad para explicar los puntos básicos del proceso biológico de la reproducción humana.



[1] Cass R. Sunstein, “Incompletely Theorized Agreements”, Harvard Law Review, 108 (1995): 1733-1772; íd., “Incompletely Theorized Agreements in Constitutional Law”, Social Research, 74(1) (2007): 1-24.

[2] Amy Gutmann, “How to Resolve Moral Conflicts in Politics”, Ohio State Journal on Dispute Resolution, 15(1) (1999): 1-18.

[3] Existe evidencia en los Estados Unidos de que la legalización de las píldoras anticonceptivas redujo en un veinte por ciento los abortos practicados por mujeres adolescentes. E. Oltmans Ananat y D. Hungerman, “The Power of the Pill for the Next Generation: Oral Contraception’s Effects on Fertility, Abortion and Maternal and Child Characteristics”, Review of Economics and Statistics, 94 (2012): 37-51.

[4] De hecho, los seres humanos pertenecen a una de las especies animales más ineficientes a la hora de la reproducción. La probabilidad de que una mujer, en el momento fértil de su ciclo, quede embarazada, si todas las condiciones son óptimas, es de cerca de un treinta por ciento, elevándose a un cuarenta por ciento, si la mujer es joven y el hombre que aporta su material genético es probadamente fértil. En promedio, es decir, incluyendo los casos en que la situación no es óptima, se estima que hay sólo un veintidós por ciento de probabilidad de que una mujer quede embarazada si tiene relaciones sexuales durante su ciclo fértil. En tal sentido, los expertos señalan que existe una gran cantidad de “embarazos ocultos”, los cuales consisten en que el embrión se implanta en el endometrio, pero, el embarazo se interrumpe de modo espontáneo tan poco tiempo después de ello, que no hay signos clínicos que permitan determinar que la mujer haya estado embarazada. Véase, por ejemplo, N. S. Macklon et al., “Conception to Ongoing Pregnancy: The ‘Black Box’ of Early Pregnancy Lost”, Human Reproduction Update, 8(4) (2002): 333-343. Por otra parte, los, así llamados, “abortos espontáneos” tienen lugar entre un diez y un veinte por ciento de los embarazos clínicamente reconocidos. Véase D. Warburton y F. C. Fraser, “Spontaneous Abortion Risks in Man: Data from Reproduction Histories Collected in a Medical Genetics Unit”, American Journal of Human Genetics, 161 (1964): 1-25. Como vemos, dada la evidencia disponible en la actualidad, la fecundación está muy lejos de ser un indicador de viabilidad, entendiendo por tal cosa una probabilidad sumamente elevada de que la formación de un cigoto conduzca al nacimiento de un niño.

[5] Para una presentación y discusión contemporánea de esta idea, véase John Finnis, Natural Law and Natural Rights (2ª ed., Oxford: Oxford University Press, 2011), 33-36.

[6] Ciertamente, la discusión sobre el aborto debe también tener en cuenta sus implicancias en otras áreas. Por ejemplo, si se considera que la fecundación es un rasgo necesario de un ser humano, entonces no podríamos considerar como seres humanos a individuos cuya procreación no sea el resultado de la fecundación, sino de otros procedimientos, como la clonación. Véase, por ejemplo, J. K. Findlay et al., “Human Embryo: A Biological Definition”, Human Reproduction, 22(4) (2007): 905-911.

[7] La mala praxis en la intervención quirúrgica no necesariamente provoca el deceso de la mujer, pero puede dañar su cuerpo, incluyendo, su capacidad reproductiva.

[8] De hecho, algunos análisis estiman que, a la larga, la cantidad de embarazos se mantendrá relativamente estable, pues la reducción de los costos del aborto podría operar como un incentivo para el embarazo. Véase Philip B. Levine y Douglas Staiger, “Abortion as Insurance”, National Bureau of Economic Research, Working Paper N° 8813 (Marzo, 2002).

[9] Según algunos estudios, existe una correlación positiva entre legalización del aborto e incremento de la incidencia de enfermedades de transmisión sexual. Jonathan Klick y Thomas Stratmann, “The Effect of Abortion on Sexual Behavior: Evidence from Sexually Transmitted Diseases”, Journal of Legal Studies, 32 (2003): 407-433. De ese modo, es fundamental contar con educación sexual para prevenir esta clase de consecuencias.

[10] En esa línea, existen trabajos que analizan el enorme impacto que los embarazos no buscados tienen en el gasto público. Los mecanismos de prevención de tales embarazos, como la educación sexual y la anticoncepción, y dejando de lado por ahora la cuestión del aborto, pueden colaborar con la reducción del gasto público. Véase Emily Monea y Adam Thomas, “Unintended Pregnancy and Taxpayer Spending”, Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 43(2) (2011): 88-93. Cabe destacar, en tal sentido, que la reducción del gasto público no se explica por una reducción demográfica, pues no hay evidencia de que la legalización del aborto haya reducido la natalidad. En cambio, sí existen indicadores que señalan que la legalización del aborto tiene cierta correlación positiva con un mayor número de graduados universitarios y con un menor número de madres solteras y de beneficiarios de planes de ayuda social. Véase Elizabeth Oltmans Ananat et al., “Abortion and Selection”, Review of Economics and Statistics, 91(1) (2009): 124-136. Para una explicación de por qué mantener bajos los costos del aborto podría conducir a un aumento de los embarazos dentro del matrimonio (o fuera de él, pero que conduzcan a una futura unión matrimonial entre la madre y el padre) en el caso de madres adolescentes, véase Thomas J. Kane y Douglas Staiger, “Teen Motherhood and Abortion Access”, Quarterly Journal of Economics, 111(2) (1996): 467-506. Finalmente, entre las consecuencias del aborto que van más allá de lo que se refiere estrictamente a la vida de las mujeres, también se suele mencionar la reducción de la criminalidad. Véase el trabajo seminal de J. J. Donohue y S. D. Levitt, “The Impact of Legalied Abortion on Crime”, Quarterly Journal of Economics, 116(2) (2001): 379-420.

[11] Joseph Raz, The Morality of Freedom (Oxford: Oxford University Press, 1986), 369-395.

[12] Ronald Dworkin, Life’s Dominion. An Argument about Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom (Nueva York: Vintage, 1994), cap. 2.

[13] Para el laicismo, la popperiana paradoja de la tolerancia no es otra cosa que su raison d’ être: precisamente para construir una sociedad tolerante es importante identificar la intolerancia y, eventualmente, combatirla. Véase Karl R. Popper, The Open Society and Its Enemies (5ª ed., Princeton: Princeton University Press, 1966), I, nota 4 al capítulo 7.

[14] En otros términos, los argumentos del debate deben pasar el filtro de la razón pública. Véase John Rawls, Political Liberalism. Expanded Edition (Nueva York: Columbia University Press, 2005), 212-254.

[15] Se ha sugerido así que los mecanismos de control de natalidad colaboran con el “empoderamiento” de las mujeres como grupo en la medida en que ellos estén disponibles para cada mujer de manera individual. Véase Pierre-André Chiappori y Sonia Oreffice, “Birth Control and Female Empowerment: An Equilibrium Analysis”, Journal of Political Economy, 116(1) (2008): 113-140. Buenos ejemplos de ese “empoderamiento” se aprecian en algunas consecuencias de las políticas de anticoncepción y legalización del aborto, tales como permitirles a las mujeres retrasar el momento de la maternidad, dándoles así una mayor oportunidad de realizar estudios universitarios o de desarrollar carreras laborales, así como también prevenir embarazos adicionales, evitando de ese modo las mayores cargas asociadas con tener más hijos. Para estas y otras consecuencias de este tipo de políticas, véase Martha J. Bailey et al., “Recent Evidence on the Broad Benefits of Reproductive Health Policy”, Journal of Policy Analysis and Management, 32(4) (2013): 888-896.

[16] Catharine A. Mackinnon, Feminism Unmodified. Discourses on Life and Law (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1987), 94-95.